Se cumple ya una década desde la aprobación de la LO 1/2004, norma pionera en materia de violencia de género no solo en nuestro país, sino también en los de nuestro entorno jurídico. Esta ley asumió el encomiable propósito de otorgar una especial protección a la mujer víctima. No obstante, el elenco de medidas integrales diseñadas con este propósito no solo no han gozado de los necesarios recursos económicos para su implementación, sino que, algunas de ellas, requieren de revisión. A su vez, la norma ha descartado, sin presentar argumento alguno, la posible aplicación de mecanismos de justicia restaurativa por los que, sin embargo, sí se está abogando en otros sectores del ordenamiento. Esta última opción legislativa ha generado la oposición de un importante sector doctrinal que, siendo consciente del fracaso de la política criminal actual, apuesta por su reorientación hacia la consecución de fines restaurativos, que atiendan a las demandas y necesidades de todas las partes implicadas en el conflicto, id est, víctima, victimario y comunidad. A un análisis profundo de esta materia desde sus más diversas facetas se dirige la presente obra.