Tras el brutal golpe de Estado de 1936, la represión franquista puso en marcha todos los mecanismos a su alcance para la construcción de un «Nuevo Estado», entre ellos, la creación de un aparato represivo en el que intervino decisivamente el Ejército, así como la Guardia Civil y la Policía Armada. Fue a principios de los años cuarenta cuando entró en escena la Brigada Político Social, o policía política, cuyo papel fue aplicar el terror a fin de mantener a cualquier precio la dictadura y reprimir a todos aquellos que se oponían al franquismo y reivindicaban libertades y derechos democráticos y sociales.